La Organización de Consumidores (OCU), publicaba esta semana su tradicional estudio sobre las tarifas del agua en España. A falta de otros datos "oficiales" facilitados por las administraciones públicas, el anhelado regulador o las asociaciones del sector, es esta una de las fuentes más utilizadas para comparar las tarifas de las principales ciudades españolas.
Del informe, me quedo con tres datos. El primero, la escasa subida que constata desde 2016: un 1,4% frente al 3,8% que subió el IPC en el mismo período. El segundo, la abismal diferencia que nos sigue separando de los países de nuestro entorno: 1,74€ de media por metro cúbico en España frente a los más de 3,5€ que registra Eureau para sus 29 países miembros. Por último, vuelve a quedar de manifiesto que los precios del agua no se correlacionan con el modelo de gestión del servicio. En la lista, aparece Sevilla, gestionada por la empresa pública municipal Emasesa, como la ciudad con tarifas más altas (3,20 euros por metro cúbico), seguida por Murcia, Barcelona o Alicante, gestionadas por empresas mixtas y con tarifas que oscilan entre los 3,16 y los 2,63 euros por metro cúbico. Si le damos la vuelta a la tabla, aparecen Palencia, Orense y Guadalajara, todas ellas con operadores privados, y cuyas tarifas se sitúan por debajo del euro por metro cúbico.
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Más allá de este análisis, resulta aventurado sacar muchas más conclusiones. Los precios del agua dependen de multitud de factores: los recursos hídricos disponibles en cada zona, el tipo de tratamiento que se le da, los cánones autonómicos, la amortización de las infraestructuras, las ordenanzas municipales que los regulan, los conceptos que se incluyen en las facturas, la voluntad política de los tomadores de decisiones, etc... Como decía, es difícil encontrar correlaciones, así que cuando las lean, sospechen e investiguen más a fondo una realidad que tiene múltiples aristas.
