El 18 de junio de 2013 se han producido unas importantes inundaciones en zonas del Pirineo catalán y aragonés, y concretamente y en especial en la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça y el valle de Benasque, así como en la parte ya francesa de la Garona.
Una de las zonas más castigadas ha sido la de Val d’Aran, donde la conjunción de altas precipitaciones con grandes cantidades de nieve todavía presentes y que se han deshelado rápidamente han provocado fuertes subidas de nivel en los ríos con frecuentes desbordamientos.
La correcta manera de actuar por parte de quienes tienen competencias en materia de protección civil ha conllevado a que los daños se circunscriben a los materiales sin tener que lamentar los humanos, y ello es motivo de lógica satisfacción
Ha habido suerte y, en general, correcta manera de actuar por parte de quienes tienen competencias en materia de protección civil y los daños, aunque importantes económicamente, se circunscriben a los materiales sin tener que lamentar los humanos y ello es motivo de lógica satisfacción.
Sin embargo, ha habido declaraciones de responsables políticos, como es el caso del Síndic d’Aran, que no pueden ser de recibo.
En un medio de comunicación se ha podido leer “El desastre de ayer es consecuencia, según el Síndico de Aran, Carles Barrera, de una negligencia del gobierno central, Barrera responsabilizó ayer de los efectos del desbordamiento de la Garona a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), organismo que depende del Ministerio de Agricultura, por el excesivo proteccionismo que tiene con la vegetación y también por haber puesto obstáculos a la intervención de la administración territorial para condicionar la zona próxima al río.”
Ninguna autocrítica por haber permitido, cuando no promovido directamente, ocupaciones inadmisibles de zonas inundables peligrosas desde las diversas administraciones con competencias en ordenación del territorio y urbanismo y que no dependen precisamente del gobierno central.
Sin embargo, ha habido declaraciones de responsables políticos que no pueden ser de recibo
Cualquiera que conozca la trayectoria de las Confederaciones Hidrográficas, donde sin embargo y sin duda hay magníficos profesionales, sabe que en general, y ésta en concreto tampoco, no se han destacado especialmente por su sensibilidad ambiental y respeto a la vegetación autóctona de ribera, y en todo caso cuesta creer que ponga trabas a actuaciones de acondicionamiento de zonas fluviales respetuosas con el medio.
Además viendo las imágenes de las inundaciones se llega a la percepción de lo poco relevante que ha podido ser en general el tema de la vegetación comparado con la descarada ocupación del espacio fluvial propio de los ríos afectados por urbanizaciones, polígonos industriales, supermercados, infraestructuras viarias, estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios de todo tipo que encuentran junto al río una ubicación fácil y barata.
Lamentamos que se sigan produciendo daños por crecidas que no dejan de estar bajo parámetros esperables y predecibles. Igualmente aplaudimos los aciertos y condenamos posicionamientos fuera de la lógica
Tampoco parece muy acertada la solución, difundida en imágenes por televisión, de proteger mediante motas provisionales unos prados, cuando el agua aquí podría inundar sin grandes daños y disipar energía evitando daños mayores aguas abajo, compensando lógicamente las pérdidas económicas puntuales de las parcelas afectadas.
En cambio, y desde el lado positivo, en un programa de televisión especial sobre el tema intervenían dos reconocidos expertos sobre inundaciones que pusieron sentido común sobre los hechos alertando de que actualmente se dispone en general de conocimiento sobre las zonas inundables y, citó, lo que es cierto, que la Agència Catalana de l’Aigua dispone de cartografía sobre los riesgos de inundación en gran parte de los ríos afectados, y que lo que procede es respetar los usos admisibles en esas zonas.
Desde el Centro Ibérico de Restauración Fluvial lamentamos que se sigan produciendo daños por crecidas que no dejan de estar bajo parámetros esperables y predecibles. Igualmente aplaudimos los aciertos y condenamos posicionamientos fuera de la lógica y del sentido común, además de obsoletos, que pretendan declarar una guerra situando como enemigo a los ríos y sus crecidas naturales. Aprendamos definitivamente de nuestros errores y gestionemos el territorio con criterios, tecnología y políticas del siglo XXI.
