La Comunidad de Madrid tiene dos zonas de captación de sus recursos hídricos: la sierra, con altos niveles de precipitaciones, donde abundan las aguas superficiales, y el llano, con importantes acuíferos gracias a la permeabilidad del terreno.
Antes de su distribución, las aguas se someten a diversas fases de tratamientos físico-químicos y biológicos en las plantas ETAP (Estación De Tratamiento De Agua Potable), para asegurar los parámetros de calidad del agua.. Una vez potabilizada, el ag es distribuida mediante una red de 17.300 Km y que cuenta con grandes conducciones enlazadas a modo de anillo, 321 depósitos reguladores donde se almacena el agua de abastecimiento, y 160 estaciones elevadoras que bombean el agua de los depósitos a las zonas más altas.
Las aguas residuales son gestionadas mediante un servicio de alcantarillado de tipo unitario, por lo que las aguas residuales y pluviales se recogen conjuntamente, y que presenta una longitud total de 4.500 km. Este tipo de red resulta mucho más económica pero no permite que las aguas pluviales puedan ser aprovechadas, con un tratamiento mucho más sencillo, como se hace en otras ciudades europeas. La depuración se realiza en las plantas EDAR (Estación Depuradora De Aguas Residuales) y consiste en tratamientos primarios y secundarios (biológicos).
Este sistema integral hace que la calidad del agua madrileña sea de las mejores de España. ¿Pero qué sucede respecto a su gestión administrativa?
Gran parte de la gestión del ciclo del agua en la Comunidad se lleva a cabo por el Canal de Isabel II, una empresa pública fundada en 1851. Sin embargo, desde el año 2004 comenzaron intentos de privatización por parte de Miguel Blesa, por entonces presidente de Caja Madrid[i]. Este intento es totalmente contrario a la tendencia mundial de remunicipalización[ii]. Por lo que, en 2010, a la vista de este avance, comienza el movimiento ciudadano y se crea la Plataforma en Contra de la Privatización del Canal de Isabel II. Un año después, esta última comenzó a trabajar conjuntamente con el movimiento 15M con la denominada Marea Azul.
A pesar de lo anterior, en 2012 se crea Canal de Isabel II Gestión S.A., empresa que heredaría las funciones llevadas a cabo por Canal de Isabel II, el cual pasaría a ser el órgano de control y supervisión de la primera. A día de hoy la propiedad de la empresa continúa siendo de propiedad pública en su totalidad, repartida mediante acciones entre municipios y la propia Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno de la capital, la privatización se presentó como una alternativa para la financiación de infraestructuras necesarias (dos embalses). Sin embargo, Ecologistas en Acción niega que haya tal necesidad y alertan de la inviabilidad e insostenibilidad ambiental[iii].
Por otra parte se critica la falta de participación ciudadana exigida en las directivas europeas[iv], y se cuestiona la legitimidad de los acuerdos alcanzados con los Ayuntamientos con una duración de 50 años, sin posibilidad de modificación[v]. También se alerta de otros peligros: como el expolio de suelo e inmuebles, la propiedad del Canal para aumentar los beneficios de los accionistas o la falta de transparencia durante el proceso de privatización.
Los descensos en gastos de personal ya se han dejado notar, aumentándose la precariedad laboral (reduciendo salarios y derechos) y las subcontrataciones, y reduciéndose la plantilla al mínimo[vi]. Un dato a conocer es que desde 2012 han aumentado las tarifas por encima del IPC.
Según el libro “Más claro agua: el plan de saqueo del Canal de Isabel II” “la precariedad ya alcanza el 35% de la plantilla de Canal gestión”.
La Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento informal de Europa
Los Ayuntamientos que han suscrito los convenios con Canal Gestión pierden la capacidad de actuar sobre las infraestructuras de distribución y alcantarillado, afectando notablemente a la situación de vulnerabilidad que encontramos por ejemplo en la Cañada Real Galiana.
La Cañada Real Galiana constituye el mayor asentamiento informal de toda Europa Occidental que se sitúa dentro de los límites de la Comunidad de Madrid comprendiendo parte de los municipios de Coslada y Rivas-Vaciamadrid, y de los distritos madrileños de Vicálvaro y Villa de Vallecas. Cuenta con una población aproximada de 8600 personas y 2466 viviendas[vii], y está dividida en seis sectores.
La situación determinada por el régimen de propiedad del suelo plantea un grave conflicto de intereses entre los habitantes, los Ayuntamientos y el Gobierno. Dentro de esta situación de inestabilidad también se enmarcan otros problemas socioeconómicos que conducen a la población a una situación de exclusión.
Concretamente el Sector V, con una población mayoritariamente inmigrante (68%), ve agravada su situación por la falta de infraestructuras de distribución de agua y de saneamiento que repercute directamente sobre las condiciones básicas de vida de sus habitantes.
Las infraestructuras existentes de abastecimiento se basan en dos tomas informales conectadas a la red de distribución del Canal, las cuales fueron instaladas por los propios vecinos. Debido al crecimiento poblacional y a la propia insuficiencia del sistema se dan reiteradas interrupciones en el suministro. Así mismo, la mala calidad de la instalación produce constantes fugas y problemas de mantenimiento que son gestionados mediante una recaudación vecinal que afronta los gastos necesarios para las reparaciones puntuales. Estos problemas se incrementan por la desconfianza de los vecinos respecto a la calidad del agua suministrada. Dentro de esta situación de inestabilidad, el mayor inconveniente que se plantea es de índole administrativa y legal ya que el Canal, tal y como establece su reglamento, tiene derecho a cortar el agua en cualquier momento, impidiendo la garantía de suministro a los habitantes de este sector.
Del mismo modo, el saneamiento ha sido gestionado por los habitantes sin apoyo de las entidades locales, dependiendo de su capacidad económica. Las redes de saneamiento acometen ilegalmente sobre el alcantarillado de los municipios aledaños o tienen sus propias fosas sépticas y pozos negros. Algunos desaguan directamente en los ríos o infiltran directamente a la tierra sin ningún tratamiento, lo que favorece la proliferación de focos de contaminación, poniendo en peligro la salud de los habitantes.
Numerosas asociaciones sociales y vecinales continúan denunciando la sistemática conculcación de los derechos humanos que existe actualmente en este contexto, como son los relacionados con la vivienda, la salud, el agua y el saneamiento. Éste es el caso de Arquitectura sin Fronteras y la Asociación vecinal Alshorok, que trabajan continuamente contra la vulneración de estos derechos.
Según la Observación General nº15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las Naciones Unidas se define: “Derecho Humano al agua (como) el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
Existen soluciones planteadas por distintos organismos, como por ejemplo el trabajo realizado por alumnos de la Universidad de Alcalá[viii] que identifican claramente las vulneraciones de los derechos al agua y saneamiento y proponen una red de abastecimiento que garantiza los servicios básicos, así como una red apropiada de saneamiento. Sin embargo, para alcanzar una solución estable y efectiva es necesaria la implicación de todos los agentes involucrados, en especial de los Ayuntamientos, Canal Gestión y la Comunidad de Madrid.
Resulta ineludible recalcar que el vínculo legal que tiene España con respecto a los tratados internacionales obliga al Estado Español a proveer y garantizar los servicios básicos para la vida, como son el agua y el saneamiento, al conjunto de la población, tal y como queda recogido en la propia Constitución Española y mientras no se garantice el acceso a estos servicios básicos se incurre en una clara discriminación hacia la población de la Cañada Real Galiana.
*Este artículo ha sido escrito por todos los miembros de WaTeRS (Water Technical Relief and Sanitation)
Bibliografía
- [i] ElDiario.es, 2014. Una operación financiera del Canal de Isabel II reaviva la lucha contra la privatización del agua;
- [ii] Kishimoto, S.; Lobina, E. & Petijean, O., 2015. Our public wáter future: the global experience with remunincipalisation. Transnational Institute (TNI).
- [iii] Plataforma contra la privatización del CYII y Marea Azul, 2014.Más claro agua: el plan de saqueo del Canal de Isabel II
- [iv] Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental, Directiva 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de planes y programas relacionados con el medio ambiente y en la Agenda 21 Local.
- [v] Lamarea.com, 2014. La privatización del Canal de Isabel II: Análisis jurídico;
- [vi] El Pais, 2016. El personal del Canal no para de rotar porque el 25% es temporal;
- [vii] El País, 2012. Cañada Real, censo definitivo: 8628 personas;
- [viii] Blazquez, P.; Capece, M.; Estirado, E.; Fernández, J.; Jiménez, A. & Montón, L. (2016). Vulneración de Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en la Cañada Real Galiana.