En mi primera entrada en el blog de iAgua me gustaría tratar someramente algunos argumentos relacionados con la diplomacia y la gobernanza del agua, especialmente teniendo presente el caso de Oriente Medio y el conflicto palestino-israelí.
Si bien tradicionalmente el agua se ha considerado como potencial catalizador de conflictos, podría constituirse en la clave para la cooperación y la integración regional en Oriente Medio. Existen multitud de oportunidades para la cooperación regional en materia de agua y seguridad hídrica.
Derecho humano al agua
La gestión de los recursos hídricos es también el epicentro de la sostenibilidad, fundamental para el desarrollo socioeconómico, la generación de ecosistemas saludables y la supervivencia humana, así como para nuestra adaptación al fenómeno global del cambio climático. Según datos de ONU Agua, el número de personas cuyo derecho al agua no se cumple es de unos 3.500 millones. En la Resolución 64/292 de 2010, las Naciones Unidas reconocen el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 propone “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos”. El ODS 6 incluye el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores para asegurar la sostenibilidad de la recolección y abastecimiento de agua dulce, integra la gestión de los recursos hídricos en todos los niveles, incluyendo a las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. El consumo interno, el sector agropecuario, la industria y la generación de energía convierten al agua en un recurso esencial para aplicar buenas prácticas y realizar una eficaz gestión pública y gobernanza.
Estado de la seguridad hídrica en Oriente Medio
Oriente Medio está entre las regiones con mayor escasez de agua del mundo. El impacto del cambio climático combinado con el rápido crecimiento de la población y los movimientos masivos de migración aumenta aún más las presiones que actualmente se ejercen sobre los recursos hídricos naturales existentes. Además, la falta de mecanismos eficientes de gobernanza transfronteriza agrava aún más el estado de la seguridad del agua en la zona, generando tensiones e inestabilidad, con repercusiones que van más allá de las fronteras regionales. La cooperación en materia de agua en Oriente Medio permitirá mejorar las condiciones de vida, intensificar el diálogo y favorecer la integración regional.
Cuencas transfronterizas: El caso del río Jordán
El icónico río Jordán ha sido brutalmente degradado por sus estados riparios desde mediados del siglo XX. Israel, Jordania y Siria han represado y desviado el río y sus afluentes, dejando menos del 5% de su flujo original de 1,3 mil millones de metros cúbicos al año. Las aguas residuales sin tratar y las parcialmente tratadas, los efluentes salinos y las escorrentías agrícolas constituyen lo poco que queda. El valle circundante es una de las zonas más pobres de la región, con residentes palestinos, jordanos e israelíes privados de los ingresos potenciales del comercio y el turismo que tanto necesitan. El reto se encuentra en apostar por los beneficios que podría aportar un esfuerzo integrado (palestino-jordano-israelí) en la rehabilitación de los ríos y el desarrollo sostenible, convirtiendo al valle en una atracción turística próspera y estableciendo un modelo para la cooperación regional.
Crisis de agua y saneamiento en Gaza
La Franja de Gaza se enfrenta a una grave crisis humanitaria. La situación ya ha alcanzado un punto crítico en este territorio marcado por la guerra, el subdesarrollado y el bloqueado. Las Naciones Unidas ponen la escasez y la contaminación de los recursos hídricos en la primera línea de los estragos de Gaza. El acuífero costero, principal fuente de agua dulce, se encuentra en un estado de extrema sobreexplotación; los niveles de salinidad y la contaminación por nitratos están muy por encima de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable. Más del 95% del nivel freático no es apto para uso doméstico debido a la salinización por intrusión marina nunca antes vista. Casi todos los 1,8 millones de personas de la estrecha franja costera dependen de su nivel freático para sus necesidades privadas o comerciales, alcanzando sus grifos a través de un sistema público deteriorado o bombeados en privado desde el suelo.
La salud de los habitantes de Gaza está sufriendo como resultado. La contaminación del agua está detrás de graves problemas sanitarios, donde cada vez más habitantes enferman por su consumo. Cada año se observa un aumento del 13-14% en el número de pacientes con problemas renales, puesto que la alta salinidad puede causar cálculos renales y problemas en el tracto urinario. A raíz del informe conjunto de las diferentes agencias de la ONU “Gaza 2020”, una disminución de las reservas de lluvia y de aguas subterráneas y la contaminación de los acuíferos muestran que la Franja se volverá inhabitable para 2020, a menos que se tomen medidas para evitarlo. Estas circunstancias presentan sombrías implicaciones en la salud pública, la seguridad alimentaria y la estabilidad política de la región. Si no se aborda pronto, podría conducir a una crisis relacionada con la seguridad no sólo en Gaza, sino también en los vecinos Israel y Egipto.
Gobernanza: Hacia un nuevo Acuerdo sobre Agua entre Israel y Palestina
En los últimos dos decenios los problemas de agua palestino-israelíes han sido regulados por los Acuerdos de Oslo II de 1995 (oficialmente denominado “Acuerdo interino israelí-palestino sobre Cisjordania y la Franja de Gaza”). A pesar del crecimiento y desarrollo de la población en los últimos 22 años, la discusión sobre el agua no ha visto cambios por la convicción de que debe encontrarse una solución simultánea a todas las cuestiones centrales del conflicto para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. El reciente agravamiento de la crisis del agua y el saneamiento en Cisjordania y Gaza, junto con el liderazgo de Israel en el sector de la desalación y el tratamiento de aguas residuales/tecnologías de reutilización y reciclaje, ha iniciado un debate público sobre la urgencia de llegar a un acuerdo sobre el agua natural compartida entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Se debería, por tanto, apostar por la oportunidad de romper el paradigma de “todo o nada” que hasta ahora ha dominado todos los esfuerzos para lograr la paz, y avanzar hacia un enfoque más pragmático “paso a paso”, empezando por el agua.
En el caso específico de Palestina, el agua ha sido uno de los temas más controvertidos entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP) e Israel desde el comienzo del conflicto y su gestión ha sido discutida con frecuencia en las diversas rondas de negociaciones de paz llevadas a cabo desde la Conferencia de Madrid en 1991. En el centro del conflicto está el hecho de que el Estado israelí controla los acuíferos en la región montañosa (región central) y en la zona costera (sur de Israel y Gaza), así como el caudal de agua que podría penetrar en la Franja de Gaza y luego verter en el Mar Mediterráneo. Las consecuencias en términos de desarrollo económico para los palestinos y la coexistencia pacífica entre las dos comunidades han sido destacadas por las organizaciones internacionales en múltiples ocasiones.
El artículo 40 del Anexo III (“Protocolo sobre Asuntos Civiles”) de los Acuerdos de Oslo II establece el marco de responsabilidades de ambas partes sobre el agua, asignando alrededor del 20% de los recursos subterráneos del acuífero principal de Cisjordania a los palestinos, y reservando el 80% para la disposición israelí. Este 20% se cuantifica en unos 118 millones de metros cúbicos por año, lo que es totalmente insuficiente para abastecer a una población de aproximadamente 2,7 millones de habitantes. Como resultado, los palestinos se ven obligados a comprar otros 64 millones de m³/año a Israel, a un precio más alto que los colonos que viven en los asentamientos, ya que éstos tienen tarifas subvencionadas.
Los Acuerdos de Oslo también crearon un Comité Conjunto del Agua (Joint Water Committee, JWC) para resolver las diferencias de enfoque que pudieran surgir, pero estableciendo un sistema de consenso en la toma de decisiones. En la práctica, el gobierno israelí lo aprovechó para vetar la perforación de cualquier pozo nuevo por los palestinos, manteniendo la gestión de los ya existentes. Por esta razón, a finales de 2010 los representantes de la ANP decidieron no asistir temporalmente a las reuniones del JWC en señal de protesta, provocando el retraso en la implementación de numerosos proyectos de agua y saneamiento que habían sido diseñados por organismos gubernamentales de cooperación bilateral como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ONGs como la Fundación Promoción Social, obstaculizando la modernización de la red de distribución de agua.
Sin embargo, a comienzos de 2017 se ha visto la reactivación del JWC al más alto nivel político, a partir de una reunión entre el Ministro palestino de Asuntos Civiles, Hussein al-Sheikh, y el Coordinador israelí de Actividades del Gobierno en los Territorios (Coordinator of Government Activities in the Territories, COGAT), general Yoav Mordechai, que es una nueva razón de esperanza. La reanudación del JWC permite abrir nuevos escenarios de cooperación en el ámbito del agua y el saneamiento, lo que a su vez podría convertirse en un catalizador de un enfoque conjunto para abordar los principales riesgos y desafíos ambientales que se están produciendo actualmente en todo Oriente Medio.
