Las tormentas del ACA (1)

La administración del agua en la Cataluña actual nació en 1981 cuando se aprobó la Llei 5/1981 de sanejament. En aquella época, España aún no era miembro de la Comunidad Europea y tampoco había normativa española específica. Eso hizo posible que la legislación catalana prosperase y, con la creación de la Junta de Sanejament, se inició en las cuencas internas de Cataluña el plan de saneamiento de las aguas urbanas, la recuperación de los ríos y la intensificación de la recuperación del litoral, que ya había iniciado, 10 años atrás en el litoral de Girona el Consorcio de la Costa Brava. Se creó un gravamen específico para financiar esas actuaciones.

Una vez aprobada la Ley 29/1985, de aguas, en enero de 1986 Cataluña recibió las competencias hidráulicas que el Estado ejercía a través de la Confederación Hidrográfica y la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental. En las cuencas internas de Cataluña (CIC), con competencias exclusivas. En la parte catalana del Ebro, compartidas con el resto de comunidades autónomas de la cuenca en el seno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Para ejercer las funciones recibidas, la Generalitat creó la Junta d’Aigües de Cataluña; de ese modo, durante años coexistieron la Junta de Sanejament, que administraba los recursos recaudados y los fondos que empezaban a venir de Europa para mejorar la calidad de las aguas urbanas, y la Junta d’Aigües con escasos recursos para mejorar los cauces, reducir el riesgo de inundaciones y resolver los déficits de los abastecimientos urbanos. Los caminos de la agricultura discurrían, en paralelo, a través de la consellería del ramo, aunque el gran tema del momento en el sector era el acomodo a las normas de la recién incorporada política agraria comunitaria y la gestión de las subvenciones.

La gran sequía de 1990 movió el tablero.[1] Con ella se consagró la disociación entre la política agraria y la urbana. La administración hidráulica -sus mecanismos de planificación y financiación- se centraba en el agua urbana y el departamento competente en materia agrícola se ocupaba de los regadíos. Así se lee en el preámbulo de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, de Infraestructuras Hidráulicas de Cataluña:

Resulta, en primer lugar, la conveniencia de considerar separadamente, por una parte, las obras denominadas de infraestructura general, como son el acondicionamiento de ríos, la defensa contra riadas, y el abastecimiento, dentro del que se incluye la red primaria sin distribución domiciliaria, y, por otra, las obras de infraestructura de regadío. En segundo lugar, resulta también la conveniencia de establecer, dentro de cada categoría, un grado diferente de aportación económica a cargo de los usuarios. El tratamiento diferenciado obedece a la necesidad de subvencionar las obras de riego, razón por la que las nuevas inversiones a realizar se nutrirán, continuando en la línea de las últimas décadas, fundamentalmente de los recursos presupuestarios ordinarios de la Generalidad. Contrariamente, y en lo que se refiere a obras de abastecimiento y de infraestructura general, la política seguida por numerosos países de nuestro entorno consiste en hacer soportar al usuario del agua, fundamentalmente de abastecimiento e industrial, el coste total del servicio en todos sus aspectos, incluidas las actuaciones de corrección hidrológica, es decir, todo el ciclo del agua desde el momento de la precipitación, circulación por cauces, y conducción, tratamientos y desagües.

A partir de ese criterio, la ley 5/1990 creó el canon de infraestructuras hidráulicas (CIH) como instrumento específico para hacer frente al coste de las obras hidráulicas de infraestructura general y de abastecimiento. De forma complementaria, la ley 4/1990 creó el ente de abastecimiento Ter Llobregat (ATLL) para administrar con mayor eficiencia los recursos conjuntos del Llobregat con los del trasvase del Ter.

El resultado de esa operación fue triple:

a) Mediante la Junta de Sanejament la administración hidráulica catalana se dedicó a la recuperación ambiental de ríos y litoral. Su progresión fue notable, en especial a partir de la creación de la consellería de Medi Ambient en 1991. Las claves fueron el acceso a los fondos europeos y la sustitución de los planes de saneamiento de cuenca por un plan único para toda Cataluña, lo que permitió drenar fondos de las zonas más densamente pobladas para financiar depuradoras en las cabeceras de los ríos.

b) La creación de ATLL y el CIH centraron la atención en los abastecimientos urbanos. ATLL mejoró la garantía de abastecimiento de los municipios metropolitanos. Fue un éxito, y desde entonces no ha parado su crecimiento. El CIH fue contestado por las asociaciones de vecinos de muchas ciudades organizadas en forma confederada, la CONFAVC, que orquestaron una huelga fiscal, la guerra de l’aigua, que duró 10 años y acabó en un pacto de mínimos, la creación del ACA en 1999 y la obtención de un asiento para la CONFAVC en el consejo de administración del ACA.

c) La agricultura de regadío se desentendió de la administración del agua y su financiación. En las CIC se invirtió en mejorar algunos regadíos y en la zona CHE el interés se centró en la expectativa de construcción del canal Segarra Garrigues. Los gravámenes impuestos a la contaminación industrial y urbana se obviaron para la contaminación agraria y ganadera.

El nacimiento del ACA supuso la unificación de las Juntas de Sanejament y d’Aigües y de sus escasos recursos fiscales. El ACA nació coja desde el punto de vista económico; sesgada, por su trayectoria, al agua urbana; ignorante respecto al mundo agrario. Y con la dificultad de encaje en la zona CHE en la que las tradiciones gestoras eran otras y el mundo agrario tenía un peso determinante.

El proyecto de Plan Hidrológico Nacional del gobierno Aznar, que preveía un gran trasvase del Ebro a todo el levante entre Barcelona y Almería añadió incomodidad y presión en la zona Ebro a la administración hidráulica catalana.

El tacticismo a corto plazo primó sobre la visión estratégica. De aquellos polvos vinieron muchos de los lodos actuales.