La controversia surgida en Barcelona a tenor del último recibo del agua me va a permitir disertar sobre la tan traída controversia de gobernanza y gestión.
La gobernanza se resume en planificar a medio y largo plazo para asegurar el servicio, disponer de los recursos económicos necesarios para ello y, fundamental, mantener la gestión bajo una estricta vigilancia. Esta, por supuesto, solo puede ser pública como demuestra este ejemplo.
La gestión es la operación y el mantenimiento de las infraestructuras para garantizar, en todo momento, un servicio de calidad. Esta puede ser pública o privada.
Al parecer, por que la cosa no está muy bien explicada en los medios, la empresa encargada del servicio de Barcelona al no poder leer, durante cierto tiempo, los contadores, ha hecho mediciones estimativas.
Cuando ha podido leer nuevamente los contadores, ha imputado al último mes todas las desviaciones registradas en las mediciones estimadas de los meses anteriores. Esto ha originado que muchos clientes hayan saltado de tramo, en la facturación, y, por consiguiente, el coste unitario por metro cúbico consumido haya aumentado considerablemente.
No, no debemos criticar a la empresa por hacer esto. Posiblemente, el responsable de esta decisión se hubiera quedado sin su puesto de trabajo si hubiese hecho otra cosa. No seamos ingenuos, la empresa privada tiende a maximizar sus beneficios, a veces, como sea.
Por suerte, el Ayuntamiento de Barcelona ha ejercido su obligación de velar por una correcta gestión del servicio y ha corregido inmediatamente la situación.
Cuando la parte pública ejerce su misión, el servicio al ciudadano se verá satisfecho de forma adecuada y con una calidad acorde al coste por el que se está pagando.
Ahora surge una pregunta fundamental: ¿Por qué la empresa encargada del servicio ha actuado de esta manera? Mi opinión es que ha sido un error de apreciación muy grave, al subestimar el papel de gobernanza del Ayuntamiento de Barcelona y que podía hacerlo como en situaciones anteriores.
Es posible que el daño institucional, cuya valoración es difícil de estimar, sea mayor que el beneficio de aplicar un criterio de una forma suigéneris y sin ponderar los riesgos asociados a tal decisión.
Esto es un aviso para todas las empresas privadas que se dedican a la gestión de las infraestructuras del Ciclo Integral del Agua (CIA): el beneficio no se puede maximizar a cualquier precio y menos en un servicio público.
Claro que todo esto solo es posible si los Ayuntamientos ejercen adecuadamente su parte de la gobernanza: Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, etc. pueden pero ¿y el resto?
