El cambio climático no es el único enemigo de los defensores ambientalistas. También lo es el propio ser humano. Global Witness ha informado que 1733 activistas ambientales en todo el mundo han sido asesinados en los últimos diez años, y de ellos, el 68 % se han producido en países de América Latina, mayormente de procedencia indígena amazónica. El 70% de las muertes se han producido en los bosques.
Esta misma organización londinense señala que “entre 2002 y 2014 al menos 57 activistas medioambientales fueron asesinados en Perú, y más de la mitad de los crímenes ocurrieron los últimos cuatro años”. Dado el número de víctimas, Perú es el cuarto país más peligroso del mundo para los activistas ecológicos, detrás de Brasil, Honduras y Filipinas.
El portal web de investigación OjoPúblico reveló que “Desde 2011 (a julio del 2022), al menos 29 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú por proteger a su territorio”, defender derechos colectivos y protección del medio ambiente. El colmo es que mayormente las investigaciones pasan al olvido, los procesos judiciales poseen irregularidades y no hay detenidos. Los familiares además son amenazados y obligados a abandonar sus tierras rurales y/o amazónicas, heredadas ancestralmente.
Según el Ministerio de Cultura “Los pueblos indígenas u originarios son aquellos colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país o región, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, y que, además, presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. A la fecha, se tiene información de 55 pueblos indígenas en el Perú, siendo 51 de la Amazonía y 4 de los Andes.
¿Por qué nos matan?
Por defender territorios ambicionados por sus riquezas naturales: minerales preciosos, petróleo, madera, tierras fértiles, rica biodiversidad y agua, actividades lícitas e ilícitas en las que se ocultan desde hace décadas entre las sombras de un Estado ineficiente, permisivo, débil y muchas veces cómplice, grandes corporaciones extranjeras y nacionales, grupos familiares, organizaciones políticas, mafias organizadas, narcotráfico, subversión, traficantes de tierras que operan tranquilamente ante la impunidad y carencia de justicia.
"La inseguridad territorial de las comunidades nativas, la discriminación de las autoridades policiales y judiciales contra los pueblos indígenas, la corrupción generalizada y la débil presencia del Estado para controlar las actividades ilegales afectan nuestra paz", ha denunciado recientemente el presidente de la Organización Regional AIDASEP Ucayali (ORAU), Berlín Diquez.
Es de reconocer que el Estado peruano en los últimos cuatro años ha implementado normas y tomado acción, aunque débil y tímidamente, varios Ministerios, entre ellos, de Justicia, de Interior, de Cultura y Medio Ambiente, así como la Fiscalía e intervenciones de la Policía Nacional, pero no es suficiente. La falta de políticas duras e inflexibles, acción decidida contra las industrias ilegales, control y seguridad territorial, además de logística insuficiente, son condiciones a favor de las muertes de los dirigentes campesinos y amazónicos, de la violencia y de la impunidad. Además, el Código Penal no reconoce a los defensores ambientales, por lo que no hay un mayor agravante de las penas.
Las comunidades nativas, especialmente de Ucayali, Amazonas, Pasco, Madre de Dios y Junín, demandan desde décadas la titulación de las tierras, defensa y cuidado de sus recursos naturales, defensa de los derechos humanos y mayor protección del Estado, pero juega en su contra el hecho de que sean comunidades indígenas, pobres, con poca educación, aislados geográficamente y alejados del Estado, haciéndoles muy vulnerables ante la criminalidad y la asistencia social.
Acuerdo de Escazú
La Defensoría del Pueblo de Perú en agosto del 2022, a través de un comunicado público, ha lamentado el desinterés del gobierno y oposición al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), suscrito por el Estado peruano en septiembre de 2018, pero pendiente de ratificación.
“El acuerdo tiene por finalidad garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales; pilares para lograr una adecuada gobernanza ambiental y conseguir la paz social, previniendo la ocurrencia de conflictos, los mismos que suelen estar vinculados a las demandas ambientales. Solo a julio del 2022, más del 60 % de los conflictos sociales registrados a nivel nacional por nuestra institución están vinculados a temas ambientales. Asimismo, el Acuerdo de Escazú incluye disposiciones para asegurar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, atendiendo a que América Latina es la región más riesgosa para su labor”, ha señalado la Defensoría.
Como es de conocimiento público, el pasado 11 de julio, con diez votos a favor, dos en contra y una abstención, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó definitivamente la ratificación del Acuerdo de Escazú, so pretexto de que es “innecesario” y “afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia”. Decisión sumamente sospechosa que provendría de fuertes hilos de corrupción promovidos y “financiados” por grupos de poder económicos inmersos en actividades anti ambientalistas.
¡Más solidaridad internacional!
¿Qué hace Naciones Unidas y la CIDH? En el 2007, luego de dos décadas de debate, nada menos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque no tienen fuerza jurídica obligatoria para ningún Estado. Sólo quedó en el papel, como muchos otros “grandes” acuerdos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos han reiterado ꟷa propósito de violencia en Brasil contra grupos indígenasꟷ que “el Estado debe realizar procesos de investigación, sanción y reparación en relación con sucesos de amenazas, ataques y violencia contra integrantes de pueblos indígenas, causados por agentes estatales o privados a raíz de actividades de defensa territorial y ambiental por parte de los pueblos indígenas. También urgen a proteger el rol y la integridad de las personas y grupos que defienden los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.”
La Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU hace un tiempo ha expresado preocupación por esta situación en diversas partes del mundo. Más, cosa curiosa: en el presente año, 2023, de conformidad con la Resolución 42/20 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas más está enfocado en promover el ecoturismo y el turismo etnocultural, para beneficio de los grandes capitales, dado que enfocará un informe anual ante la Asamblea General sobre “El turismo y los derechos de los Pueblos Indígenas”. ¡Acciones concretas y vinculantes, contra la matanza de líderes ecologistas, por favor!
Muy lamentable, preocupante y peligroso para nosotros, que solo queremos un país sano, saludable, justo, inclusivo, democrático y con respeto a los derechos humanos en Perú, Latinoamérica y el planeta.
