El Gobierno regional ha informado en la mañana de este jueves de la respuesta “que hemos dado en tiempo y forma este pasado martes 30 de abril” a la Consulta Pública que ha dado al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para la modificación de la normativa que actualizará las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Así lo ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha comparecido en rueda de prensa tras reunirse con el presidente García-Page y la consejera portavoz, Esther Padilla, e informarles al respecto sobre un documento que refleja “nuestra firmeza en la defensa de los intereses hídricos de la región”. “Es el momento histórico de ajustar las reglas de un trasvase que desde hace más de cuarenta años está lastrando el desarrollo de Castilla-La Mancha, una circunstancia que hay que revertir”, ha indicado.
Tras recordar que las actuales reglas de explotación “ya deberían haber sido modificadas hace un año, tal y como se recoge en Real Decreto 35/2023 de 24 de enero que incluía el nuevo plan hidrológico para la cuenca del Tajo”, Gómez ha querido subrayar que “el documento presentado no sólo está realizado con el más absoluto rigor técnico y científico, sino que expresa y refleja el sentir mayoritario de toda la sociedad castellanomanchega que nos ha trasladado de una manera contundente su apoyo para cambiar una situación injusta por la que llevamos luchando muchos años desde esta tierra”.
La consejera, que ha recalcado que la consulta pública ha sido suscrita de una manera mayoritaria por los representantes de los diferentes sectores de la sociedad castellanomanchega, ha destacado que, “cuente además por primera vez con el respaldo de una resolución conjunta del Partido Popular y el Partido Socialista en las Cortes regionales”.
Las actuales Reglas de Explotación del trasvase son insostenibles
La titular de Desarrollo Sostenible ha señalado que según han constatado en el documento remitido al Ministerio, para el Gobierno de Castilla-La Mancha “la norma actual que regula el Acueducto Tajo-Segura fue diseñada para enviar el máximo agua posible al Levante teniendo en cuenta sólo las necesidades de los beneficiarios que además tienen a su alcance la posibilidad de desalinizar el agua del mar como alternativa a sus supuestas necesidades hídricas”.
El documento presentado no sólo está realizado con el más absoluto rigor técnico y científico, sino que expresa y refleja el sentir mayoritario de toda la sociedad castellanomanchega
Por lo tanto, “la nueva normativa que defendemos debe garantizar agua en cantidad y calidad suficiente para Castilla-La Mancha y el Tajo, y recoger que la desalación debe ser la alternativa al Trasvase”.
Además, desde el Ejecutivo autonómico han dejado claro que las actuales reglas de explotación no están calculadas según los excedentes del río Tajo “por lo que no pueden propiciar un equilibrio entre las cuencas, ni tienen una visión sostenible del río y sus ecosistemas”.
Nueva normativa para garantizar el futuro del Tajo y sus zonas de influencia
La consejera ha explicado que con el cambio de reglas que propone la Comunidad Autónoma “se debe garantizar las demandas de gestión y planificación de la propia cuenca, ahora no satisfechas, entre ellas los caudales ecológicos en cumplimiento con las recomendaciones de la Unión Europea y con las cinco sentencias dictadas al respecto por el Tribunal Supremo”.
La nueva reglamentación, ha dicho Mercedes Gómez, también “debe garantizar el abastecimiento de agua para la población de los municipios ribereños colindantes y de la tubería manchega, además de un nivel de agua embalsada suficiente y estable que permita el desarrollo del potencial económico de los municipios ribereños en particular, y de los territorios bajo la influencia del Tajo en general”.
El documento recoge que se debe actualizar el umbral mínimo de reservas no trasvasables de 400 hectómetros cúbicos porque se ha demostrado que no es suficiente para mantener una lámina adecuada y estable en los embalses de Entrepeñas y Buendía. “La gestión actual, está basada en mantener unos niveles de agua embalsada muy baja, reduciendo la evaporación y maximizando los trasvases, por lo que las reglas no están dotando de mayor estabilidad interanual a los suministros, ni reduciendo la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales”, ha explicado.
El documento recoge que se debe actualizar el umbral mínimo de reservas no trasvasables de 400 hectómetros cúbicos porque se ha demostrado que no es suficiente para mantener una lámina adecuada y estable en los embalses de Entrepeñas y Buendía
Además, establece que se debe acabar con los episodios de vaciado de los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, para que no entren en ‘nivel hidrológico excepcional’, es decir, nivel 3 “ya que provoca impactos muy negativos para los municipios ribereños algo que ha sido ignorado sistemáticamente tanto en la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo como en la gestión del trasvase”, ha reconocido, y que ha supuesto declive del sector turístico basado en las láminas de agua, con cierre de negocios, desempleo y favoreciendo el proceso de despoblación.
Satisfacer las necesidades de Talavera de la Reina y los aportes a la cuenca del Guadiana
Asimismo, ha informado la consejera, se ha solicitado que sean contempladas en las reglas de explotación la demanda de Talavera de la Reina y su comarca no consideradas en la regla actual. Las disponibilidades de la subcuenca del Alberche periódicamente obligan a dotar parcialmente al canal Bajo del Alberche con agua del Tajo, consumiendo más de 20 hectómetros cúbicos por temporada. Es necesario, por tanto, un desembalse mayor.
También se considera necesario, según ha explicado Gómez, que se mantengan dentro de las prioridades de abastecimiento del trasvase los aportes a la cuenca del Guadiana teniendo en cuenta que se había realizado de manera excepcional anteriormente, pero de forma carente de amparo legislativo. “Estos recursos, no deben implicar la modificación del volumen máximo trasvasable autorizado por la normativa reguladora del acueducto Tajo-Segura”, ha señalado.
Por todo ello ha concluido en este sentido, y teniendo en cuenta los hechos constatados anteriormente, Mercedes Gómez ha indicado que sólo hemos solicitado al Estado “lo que es de justicia: que imperen los criterios técnicos y medioambientales, la lógica, y que prevalezca las necesidades de la cuenca cedente, lo que refrendaria el futuro del río Tajo y las necesidades de Castilla-La Mancha”.
No ceder a las presiones de las comunidades del Partido Popular
Ha concluido la consejera su intervención ante los medios dejando constancia que, “aunque llega tarde, vamos a exigir al Estado que sea diligente en los siguientes pasos que tiene que dar para cambiar las reglas de explotación del trasvase, puesto que se trata de la primera vez que el Ministerio saca una consulta pública previa de tal calado e importancia para Castilla-La Mancha”.
“Desde aquí esperamos que no se deje influir por la presión del frente ideológico que han formado en bloque las comunidades del Partido Popular: Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía contra Castilla-La Mancha, con un objetivo común, defender sus intereses particulares tan dispares como reñidos con la lógica científica y técnica, todos ellos muy alejados de lo que necesita el río Tajo para garantizar su ecosistema”, ha finalizado.
