En un contexto de reactivación de la economía frente a la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19, el objetivo del PLCCTE es posicionar las energías renovables y la eficiencia energética como las principales palancas que impulsen el crecimiento económico y el empleo en los próximos 30 años.
El Proyecto de Ley responde a las obligaciones asumidas por los Estados Parte del “Acuerdo de París” de 2015 sobre cambio climático adoptado en la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y coincide con las advertencias realizadas por los principales organismos financieros internacionales y la Comisión Europea en su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo y en la Estrategia Europea de descarbonización a 2050.
Objetivos de la nueva ley para la neutralidad climática:
- España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
- Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
- Al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo de la energía deberá ser renovable.
- En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable tiene que ser de al menos el 70% en 2030. Antes de 2050, deberá ser 100% renovable.
- Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35% para 2030.
El PLCCTE incluye además la transposición parcial de dos Directivas: la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y la Directiva 2018/844, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, que incluye aspectos relacionados con la eficiencia energética en general y en los edificios.
La Ley sigue con el ejemplo de los países del entorno europeo y sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas.
