8 de marzo: Enfrentando la asignatura pendiente de la desigualdad de género en el acceso al agua

En Latinoamérica y el Caribe las cifras de desigualdad en este ámbito se disparan, y los últimos datos del Observatorio de Igualdad de Género de América y el Caribe constatan que las mujeres de la región dedican diariamente tres veces más tiempo que los hombres a la realización de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas.

Esta problemática no es ninguna novedad, pues es la herencia de una intersección histórica de roles y responsabilidades tradicionales, en la que las mujeres han mantenido vínculos profundos con el agua, específicamente, como hemos reiterado, en el ámbito doméstico. Esta conexión, si bien mantiene sus raíces históricas desde que “la mujer es mujer”, continúa repuntando en un agudo reflejo de las desigualdades persistentes en el acceso al agua y saneamiento, una realidad más evidente en los países en desarrollo o países empobrecidos.

En estas naciones, las mujeres, al desempeñar roles troncales como proveedoras, han de hacer frente a una lucha adicional: la escasez y contaminación del agua. El tiempo que las mujeres dedican a la búsqueda y transporte de agua no solo se traduce en una carga extra, sino que también limita sus oportunidades para la educación y otras actividades importantes para el desarrollo personal y comunitario. Este fenómeno, lamentablemente, fortalece el persistente ciclo de pobreza que afecta a estas regiones.

Mucho más allá del trabajo doméstico

A pesar de ser el más conocido, el trabajo doméstico no es la única actividad tradicionalmente ligada a las mujeres en las regiones más empobrecidas del mundo. Fijémonos en la producción agrícola. En el informe Brechas, desafíos y oportunidades en materia de agua y género en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022), los datos revelan que en América Latina y el Caribe (ALC), la población rural alcanza los 121 millones de personas, constituyendo el 20% de la población total. Dentro de esta cifra, el 48% (58 millones) corresponde a mujeres, que desempeñan roles en actividades agrícolas, ganaderas, y de cuidado doméstico y familiar. A nivel global, las mujeres son responsables del 43% de la producción agrícola en la mayoría de los países en desarrollo, y solo poseen el 1% de la tierra en todo el mundo. La posesión de tierras está estrechamente vinculada a la capacidad de tomar decisiones sobre el uso del agua para riego. Sin embargo, en ALC, menos del 31% de las mujeres son titulares de tierras agrícolas, dejando un 69% en manos de hombres. Esta desigualdad es especialmente patente en países como Perú, Jamaica, Santa Lucía y Panamá, donde la titularidad femenina de tierras agrícolas no supera el 11%.

Esta práctica, como tantas otras, vuelve a hundir sus raíces en los profundos cimientos del sistema patriarcal: la posibilidad de heredar tierras se reduce para las mujeres y, con ella, el acceso al mercado y los títulos de propiedad de las mismas, que suelen recaer a nombre de los cónyuges. A pesar de ciertos avances, las significativas diferencias entre los países en este ámbito, son atribuibles a disposiciones jurídicas y tradiciones socioculturales que influyen en la interpretación y legitimidad de la ley. Si bien algunos países permiten la cotitularidad, las normativas, los formularios de registro y las estructuras culturales patriarcales persisten, asignando predominantemente la titularidad de tierras a los hombres (FAO, 2010).

Esta desproporción subyacente a las áreas doméstica y agraria también trasciende a la gestión de proyectos hídricos

Además, las mujeres agricultoras a menudo deben compaginar el riego con tareas domésticas, a las que se suman las labores de gestión y recolección de agua, una de las ocupaciones no remuneradas a la que las mujeres a nivel mundial destinan 2,6 veces más tiempo que los hombres (El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo. ONU Mujeres, 2016). Por no olvidar las enfermedades de los miembros de la unidad familiar vinculados a la falta de agua y saneamiento adecuados, que acentúan las responsabilidades de mujeres y niñas por su rol de cuidadoras. Inevitablemente, tal desequilibrio impacta negativamente en la disponibilidad de oportunidades laborales para estas mujeres, así como en algo tan básico como el sencillo derecho al descanso y al respeto por su integridad física, en un bucle de actividades y tareas que parecen no dar tregua ni respiro, de perpetuarse estas abruptas desigualdades de género en el desempeño de la vida doméstica, agraria y personal.

Sin embargo, esta desproporción subyacente a las áreas doméstica y agraria también trasciende a la gestión de proyectos hídricos que, al pasar por alto la centralidad de las mujeres, no solo excluye a una parte significativa de la población, sino que también reduce sustancialmente la eficacia y sostenibilidad de dichos proyectos. La participación limitada de las mujeres en la toma de decisiones conduce a la pérdida del valioso conocimiento acumulado, precisamente gracias a su estrecha dependencia de los recursos hídricos.

Por lo tanto, la desigualdad de género no se limita solo a la falta de acceso al agua, sino que también se evidencia en la falta de representación de las mujeres en la toma de decisiones y la planificación de infraestructuras públicas. Los desafíos culturales y la larga sombra de los estereotipos tradicionales de género, construyen barreras impeditivas para la participación fluida y activa de las mujeres en la gestión del agua.

La desigualdad de género también se evidencia en la falta de representación de las mujeres en la toma de decisiones y la planificación de infraestructuras públicas

En este punto crítico de la gestión, donde la colaboración global y las estrategias innovadoras son esenciales, las mujeres emergen como actores centrales. Un ejemplo lo encontramos en la iniciativa "Llamado a la acción para acelerar el logro de la igualdad de género en el ámbito del agua" respaldada por una coalición global, que reivindica la creación de alianzas activas coordinadas por el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de UNESCO (WWAP).

En una tónica similar, la Cooperación Española, a través de los programas del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) en América Latina, parte de esta realidad en la división sexual del trabajo, facilitando espacios en los que las mujeres puedan involucrase en la participación comunitaria y, además, ayudándolas a sortear los obstáculos jerárquicos, administrativos o incluso legislativos que les impiden alcanzar lugares de poder y protagonismo en la toma de decisiones. Además, el riguroso enfoque de género del FCAS no solo ha contribuido a cuestionar los roles de género convencionales en la escala cotidiana, sino que ha logrado trascender al plano político, consiguiendo que en países como México y Bolivia se hayan impulsado procesos participativos, con perspectiva de género, en el diseño de estrategias municipales y nacionales para la gestión del agua.

Hablemos de las niñas y la higiene

Un reciente informe conjunto de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado Progress on household drinking water, sanitation and hygiene (WASH) 2000-2022: Special focus on gender, incluyó las implicaciones de la falta de acceso a agua potable y saneamiento seguro para las niñas y los riesgos que se derivan de sus necesidades higiénicas, así como de las adultas, proporcionando una visión más amplia de las desigualdades de género a nivel mundial.

A nivel global, las largas distancias que las mujeres y las niñas han de recorrer para acceder a un sistema de saneamiento seguro las expone a mayores riesgos, ya que son más propensas a sentirse inseguras al utilizar estas instalaciones fuera del hogar. El informe, además, destaca que más de 500 millones de personas comparten instalaciones de saneamiento, afectando la privacidad y seguridad de mujeres y niñas, especialmente, en uno de los usos más frecuentes y naturales, pero a la vez más invisibilizados e incluso castigados, la higiene menstrual. Además, cuando llega la noche, las encuestas determinaron que las mujeres y las niñas sienten mayor inseguridad a la hora de acudir a un baño, debido a la exposición a acosos sexuales y otros riesgos.

Más de 500 millones de personas comparten instalaciones de saneamiento, afectando la privacidad y seguridad de mujeres y niñas

Asimismo, en contextos de falta de instalaciones adecuadas, la defecación al aire libre continúa constituyendo uno de los mayores riesgos no solo para la salud y el medioambiente, sino para la inseguridad e intimidad de las niñas y las mujeres. Con casi 500 millones de personas practicando la defecación al aire libre en 2022, las consecuencias de esta práctica son frecuentemente pasadas por alto debido a su naturaleza tabú, similar a la de la higiene menstrual.

En este sentido, la carencia o deficiencia de saneamiento adecuado en las escuelas conforma un doble desafío en el caso de la escolarización femenina, ya que “el 95% de niñas y adolescentes sienten incomodidad en el colegio durante su periodo menstrual”, tal y como demuestra el estudio Retos e Impactos del Manejo de Higiene Menstrual para las Niñas y Adolescentes en el Contexto Escolar presentado por UNICEF Perú, una problemática que se vería sin duda multiplicada en el caso de no contar con instalaciones que velen por la seguridad y la privacidad de las niñas en un contexto de higiene menstrual básica.

La universalidad de estos datos, a pesar de que cualquier mujer la podría certificar al instante, se refuerza con ejemplos de otros países como Surinam, donde el 17% de las mujeres informó no participar en actividades sociales, escolares o laborales durante la menstruación (Ministry of Social Affairs and Public Housing, 2019). O en Costa Rica, donde el 6,7% de las mujeres dejó de participar en diversas actividades por la misma razón, con variaciones notables entre áreas rurales (7,6%) y urbanas (6,4%) (UNICEF y MICS Costa Rica, 2018).

Estos porcentajes confirman que no estamos únicamente ante un riesgo para su salud (una razón más que suficiente para abordarse como una agenda prioritaria), sino también ante una situación que influye en la participación activa de las mujeres en la sociedad.

Recomendaciones globales y líneas de acción para el futuro

Ante la creciente y fehaciente brecha de agua y género tanto en la región de ALC como en otros países empobrecidos, las recomendaciones de instituciones como CEPAL y UNICEF convergen en la imperiosa necesidad de adoptar estrategias y posicionamientos proactivos, que aborden la implementación de enfoques más inclusivos y específicos.

Por un lado, la inversión destinada al acceso al agua potable y saneamiento seguro se posiciona como la principal recomendación, de la que surgirán acciones trasversales orientadas a garantizar que estas inversiones atiendan las necesidades específicas de mujeres en áreas rurales, reconociendo y atajando las persistentes brechas que afectan a estas comunidades. En este sentido, las propuestas de ONGAWA dedicadas a romper las barreras que impiden el avance eficaz del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 (ODS6), relativo al agua y al saneamiento, ya dejan claro que el ritmo con el que trabajamos actualmente hacia esta meta es insuficiente, y que “es necesario multiplicar por cuatro las inversiones que se están haciendo en este momento en servicios básicos de agua y saneamiento”, en palabras de Josefina Maestu, exdirectora de la Oficina de Naciones Unidas del Decenio del agua 2005-2015.

Asimismo, la participación activa de las mujeres en la planificación, ejecución y monitoreo de programas de saneamiento e higiene se considera una de las fórmulas más eficientes y significativas que no solo promueven la equidad de género, sino que también contribuye al éxito y sostenibilidad a largo plazo de dichos programas.

CEPAL sugiere que una institución pública a nivel nacional asuma la responsabilidad del monitoreo, asegurando la participación equitativa de hombres y mujeres en la evaluación de programas hídricos

En este sentido, la construcción de capacidades se vislumbra como un proceso continuo y esencial para cerrar las brechas actuales en la región de América Latina y El Caribe. Para Leonellha Barreto Dillón, directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Emprendimiento en agua y saneamiento (CEWAS), el desarrollo de capacidades permite que los demás impulsores del Marco de Aceleración Global de los ODS puedan funcionar: sin capacidades, no será posible contar con la gobernanza, financiamiento, información e innovación, factores que son necesarios para acelerar el progreso. La oferta de capacitaciones diseñadas específicamente para las necesidades de las mujeres, impartidas por formadores con sensibilidad de género, como el caso de los programas del FCAS, es un paso fundamental en esta dirección.

Por otra parte, la importancia del acceso al riego en comunidades rurales no puede subestimarse, y es imperativo implementar proyectos que fomenten la igualdad de género en este aspecto. Estos proyectos deben garantizar la expresión equitativa de los derechos y obligaciones sociales, reconociendo el papel crucial de las mujeres en estas comunidades.

La perspectiva de género contribuye en sí misma a la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles en todos sus ámbitos, jerarquías y relaciones

Otra de las directrices más innovadoras es el impulso de la capacidad de obtener datos reales y bien estructurados. Gonzalo Martínez, consultor internacional en agua, saneamiento y sistemas de información, afirma que  “el acceso a la información puede ser una barrera o no a la hora de cumplir y avanzar hacia los ODS”, un hecho que es igualmente extrapolable a la agenda de la brecha de género. La falta de datos desagregados es uno de los obstáculos más complejos, ya que no solo es necesario recopilar datos, sino que estos estén desglosados y estructurados y, además, sean de calidad, accesibles, oportunos y fiables. CEPAL sugiere que una institución pública a nivel nacional asuma la responsabilidad del monitoreo, asegurando la participación equitativa de hombres y mujeres en la evaluación de programas hídricos. Este tipo de procesos transparentes de formulación de políticas, con objetivos y datos enfocados, resultaría un acelerador idóneo para combatir la desigualdad en la gestión hídrica sostenible e inclusiva. Sin duda, estas recomendaciones nos demuestran que no solo buscan ser un punto de partida, sino también detonar discusiones y procesos de reforma en el sector del agua, abordando así las problemáticas de género persistentes.

En conclusión, alineado con toda agenda y misión feminista, el acercamiento de la brecha de género en el acceso al agua y saneamiento no está únicamente orientado a mejorar de forma exclusiva la calidad de vida de las mujeres, si bien este propósito es más que suficiente para activar de forma inmediata todas las soluciones propuestas. Como versa su propia naturaleza, la perspectiva de género contribuye en sí misma a la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles en todos sus ámbitos, jerarquías y relaciones. En este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una vez más se demuestra que la lucha por la igualdad es transversal e interseccional, y que vela por la integridad de todos los grupos que ven vulnerados sus derechos, como el más básico y fundamental de todos, el derecho humano al agua y al saneamiento.