Diseñando la nueva era del tratamiento de las aguas residuales urbanas
Una vez más, iAgua reúne a destacados expertos de la administración y de los sectores público y privado del agua, esta vez para dialogar sobre los desafíos, oportunidades y expectativas que trae consigo la revisión de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Moderado por Alejandro Maceira, fundador y director de iAgua, este intercambio propició un profundo análisis de los cimientos actuales y los planos futuros necesarios para renovar el horizonte, abriendo camino hacia la resiliencia y la sostenibilidad.
En Europa, la Directiva 91/271/CEE ha servido de columna vertebral para la gestión de las aguas residuales urbanas durante más de tres décadas. Pieza fundamental de la arquitectura normativa en torno al recurso hídrico, ha impulsado significativas mejoras en la calidad de las aguas. Sin embargo, el paso del tiempo ha traído nuevas necesidades, imprevisibles hace treinta años, que «obligan» a plantear un texto que refuerce su ambición ambiental, en línea con el Pacto Verde Europeo.
Ante esta realidad, su revisión no solo busca reparar las grietas, sino también reimaginar su estructura para adaptarla a las exigencias modernas de sostenibilidad y equidad. Este nuevo diseño contempla la necesidad de abordar un tratamiento más ambicioso ambientalmente, la neutralidad energética, la responsabilidad industrial en la eliminación de microcontaminantes y un acceso más inclusivo al saneamiento.
Con la participación de expertos del sector como Víctor M. Arqued Esquía, de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Miguel Ángel Gálvez, subdirector de Depuración y Medio Ambiente de Canal de Isabel II, Pedro Simón, director técnico de ESAMUR, Juan Ángel Conca Pardo, director gerente de EGEVASA, y Marc Ponsoda Mauri, gerente de Desarrollo de ofertas O&M de Tratamiento de Aguas de ACCIONA, exploramos cómo la revisión de esta directiva puede redefinir el futuro del tratamiento de las aguas residuales en España, trazando las líneas de un horizonte más limpio y sostenible.
El plano existente: dónde estamos
Desde 2012, España enfrenta varios procedimientos de infracción por no cumplir con la Directiva 91/271/CEE. Según la Comisión Europea, las autoridades españolas siguen sin solventar por completo las deficiencias del tratamiento de las aguas residuales urbanas en, al menos, 254 aglomeraciones, lo que ha llevado repetidamente a España ante el Tribunal de Justicia. Pese a esta asignatura pendiente, la Directiva se erige con un balance positivo: «Ha sido un pilar fundamental en el cambio y mejora de la calidad de las aguas europeas y españolas», comienza Víctor Arqued.
Europa se encuentra a la vanguardia de la sostenibilidad y «la larga vida de esta normativa demuestra su efectividad», tal y como apunta Juan Ángel Conca. En España, la evolución del saneamiento y la depuración ha sido notable. Desde su implementación, se han visto mejoras significativas en la calidad de ríos, lagos y mares. «Esta directiva ha sido tractora para alcanzar los objetivos ambientales, estableciendo un claro rumbo para la depuración a nivel nacional», afirma Miguel Ángel Gálvez, quien subraya la transformación que supuso esta directiva para los ríos madrileños. En Murcia, Pedro Simón atribuye las condiciones saludables del río Segura al impulso de la directiva en la depuración, resaltando su impacto positivo a pesar de los desafíos pendientes: «Estamos muy bien comparados con hace unos cuantos años. Y ahora toca volver a dar un paso adelante».
La Directiva 91/271/CEE ha servido de columna vertebral para la gestión de las aguas residuales urbanas durante más de tres décadas
La directiva también marcó un hito en la gestión del agua en España, propiciando la creación de numerosas empresas públicas y la aplicación de mecanismos de financiación como el canon de saneamiento, que han facilitado la construcción y operación de plantas de tratamiento, señala Marc Ponsoda. «En treinta años las tecnologías que hemos estado utilizando han madurado mucho. Es normal que ahora se nos exija un paso más porque estamos preparados para ello a nivel tecnológico», comenta sobre la revisión actual.
“La anterior Directiva no abordaba los PIG. Involucrar a los ayuntamientos en ello es crucial para el éxito de la gestión sostenible del agua”, Miguel Ángel Gálvez (Canal de Isabel II)
Y es que el paso del tiempo demanda renovaciones y actualizaciones para mantener la estructura y ambición de la directiva a la altura de los nuevos desafíos. La alineación con el Pacto Verde Europeo y su Plan de Acción ‘Contaminación Cero’, exige que la contaminación del agua —y también la del aire y el suelo— se reduzca a niveles que ya no se consideren perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas naturales. «La directiva había cumplido su propósito inicial y es una pieza que había que tocar», afirma Víctor Arqued.
La revisión de la Directiva, tras más de tres décadas fortaleciendo los cimientos del tratamiento de aguas residuales urbanas, busca adaptar esta infraestructura normativa a los retos actuales, como son la contaminación en pequeñas aglomeraciones, los desbordamientos provocados por las aguas pluviales, los microcontaminantes, el cambio climático o la eficiencia energética, que antes no tenían tanto protagonismo. Y pese a que todas estas cuestiones clave están identificadas, poner las soluciones sobre el papel no es sencillo: «Los desafíos previos nos dan una pista de los obstáculos que enfrentaremos con esta renovación», comenta Miguel Ángel Gálvez. En esta línea, Juan Ángel Conca destaca tres áreas críticas para solventarlos: gobernanza, financiación y gestión de caudales en origen, puntos en los que concuerdan todos los participantes.
El proyecto de renovación: qué hay que hacer
“Es probable que la implementación de la RAP recaiga en las Comunidades Autónomas, lo que podría resultar en diecisiete sistemas diferentes”, Víctor M. Arqued Esquía (MITECO)
El esbozo de esta revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en el marco de la arquitectura legislativa de la Unión Europea, ha sido un meticuloso proceso de negociación que España ha presenciado en primera línea. «Este procedimiento se ha desarrollado en buena medida durante la presidencia española del Consejo, lo que nos ha permitido tener un acceso privilegiado y entender profundamente las perspectivas variadas de cada país», comenta Víctor Arqued, destacando la complejidad de encajar las diversas peculiaridades nacionales en el texto final, pero también la voluntad por cerrar los trílogos por parte de la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos. «No era solamente la ambición de hasta dónde debemos llegar, sino de poner sobre la mesa un procedimiento y unos plazos suficientemente razonables que permitieran cumplirla con éxito», comenta y Marc Ponsoda comparte la importancia del papel protagonista de España en la negociación: «Creo que es muy destacable la influencia que ha tenido España en la conformación de la versión actual de la directiva, lo que refleja un compromiso firme con la sostenibilidad y la protección ambiental, así como un sector maduro e involucrado».
El nuevo esquema propuesto busca abordar deficiencias estructurales previas, introduciendo, por ejemplo, medidas enfocadas en la reducción de la contaminación de pequeñas aglomeraciones, lo que señala un cambio hacia una arquitectura más inclusiva y sostenible en el tratamiento de aguas. Juan Ángel Conca, como gerente de EGEVASA, empresa mixta que mayormente gestiona el ciclo integral del agua en municipios valencianos menores de 10.000 habitantes, pero también en otros mayores que han cedido su gestión a la Diputación de Valencia, pone énfasis en el impacto directo de estos cambios: «Estamos hablando de municipios que serán profundamente influenciados por este cambio normativo, requiriendo un apoyo sustancial para adaptarse a la nueva realidad», y resalta la necesidad de una gobernanza efectiva que abarque a las administraciones autonómicas, provinciales y locales. Eso sí, alaba cómo la directiva implanta la idea de que las depuradoras son grandes operadores ambientales: «Realmente, la depuración es una labor de eliminación de la contaminación que se ha creado antes. En la normativa ya se habla de esa depuradora ambiental que no solo genera agua, sino que genera recursos como fangos, nutrientes y también energía».
“Es necesario un cambio de mentalidad respecto a la gestión de las aguas pluviales, que deben afrontar las autoridades municipales”, Pedro Simón (ESAMUR)
La incorporación de estrategias para enfrentar microcontaminantes y alinear la directiva con el Pacto Verde Europeo antes comentada, es otra piedra angular de esta renovación. Además, Pedro Simón y Miguel Ángel Gálvez, desde ESAMUR y Canal de Isabel II, respectivamente, apuntan a los avances en la gestión de aguas pluviales y los planes integrales de gestión del agua residual como pilares fundamentales de la nueva estructura normativa. En este sentido, Simón ve con buenos ojos las nuevas directrices sobre la red de alcantarillado, «otro aspecto a mejorar una vez resuelta la depuración en tiempo seco», pero destaca el necesario cambio de mentalidad respecto a la gestión de sus aguas pluviales, que deben afrontar las autoridades municipales. Por su parte, Gálvez destaca como un avance significativo la exigencia a las grandes ciudades de incluir los planes integrales de gestión: «La anterior Directiva 91/271 no abordaba este tema. Involucrar a los ayuntamientos en este proceso es crucial para el éxito de la gestión sostenible del agua», comenta.
La construcción de soluciones: cómo se va a hacer
“En la normativa ya se habla de esa depuradora ambiental que no solo genera agua, sino recursos como fangos, nutrientes y también energía”, Juan Ángel Conca Pardo (EGEVASA)
A medida que esta redefinición integral de las prácticas de tratamiento de aguas residuales en Europa se prepara para ser publicada en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor lo antes posible, el sector del agua en España mira con cierta reticencia al cumplimiento de algunas de estas nuevas propuestas, aunque esto no significa que no tenga la disposición de hacerlo o no esté preparado para ello. Eso sí, los retos son enormes.
La sostenibilidad energética se presenta como uno de los pilares fundamentales en esta nueva fase, donde se busca transformar las plantas de tratamiento en sistemas energéticamente autosuficientes. Marc Ponsoda señala que, «gracias al clima favorable de España y al potencial de la generación fotovoltaica, junto a los avances tecnológicos en el ámbito de la depuración, las grandes plantas ya están avanzando hacia la autosuficiencia energética». En este sentido, la tecnología juega un papel clave con el desarrollo de herramientas digitales para la optimización del consumo y el control. Pedro Simón, aunque reconoce los desafíos que implica alcanzar la autosostenibilidad energética, coincide en aprovechar las energías renovables, como la solar, junto con la codigestión, y destaca la importancia de reducir directamente los consumos eléctricos en los procesos de depuración, optimizando al máximo.
La financiación emerge como una preocupación central, dado el volumen de inversión requerido para actualizar y adaptar las infraestructuras a las nuevas exigencias. Víctor Arqued revela la envergadura de la inversión requerida solo para cumplir con las obligaciones actuales, ascendiendo a 11.000 millones de euros hasta 2027. Asimismo, destaca la importancia de los fondos comunitarios para apoyar estos esfuerzos, y recalca que la directiva referencia a que estos fondos «no deberían destinarse tanto a cubrir obligaciones incumplidas, como a facilitar la transición hacia las nuevas exigencias».
En este punto, es inevitable hablar de la recuperación de costes y las tarifas, resaltando la inversión necesaria para actualizar las infraestructuras existentes y los retos asociados al incremento de los costes operativos debido a las nuevas demandas de tratamiento. Miguel Ángel Gálvez recalca que «estamos pidiendo a plantas de los años noventa que se comporten como si las hubiéramos acabado de construir en 2023, con lo cual hay una potente inversión por hacer», y Pedro Simón discute el dilema de la financiación local frente a la dependencia de fondos nacionales o regionales. Además, señala el artículo sobre ‘la compensación’ en la nueva directiva, que permite acciones legales por daños sanitarios o medioambientales, expresando su preocupación por la posible «criminalización» de este aspecto. Marc Ponsoda interviene de nuevo: «Hay que seguir el principio de recuperación de costes. Es la única vía de obtener esa financiación, pero no nos hemos planteado hasta qué punto pueden llegar a aumentar», y Juan Ángel Conca añade: «Resulta fundamental plantear una actualización de las tarifas de abastecimiento: contar con buenas infraestructuras de suministro posibilita la correcta gestión de la depuración y de sus costes de explotación».
“Hay que seguir el principio de recuperación de costes. Es la única vía de obtener esa financiación”, Marc Ponsoda Mauri (ACCIONA)
El aumento en los costes se ve impulsado también por la necesidad de eliminar nutrientes y los desafíos que plantean los microcontaminantes. Desde ACCIONA, Marc Ponsoda considera manejable la eliminación de nutrientes gracias a tecnologías ya maduras, pero señala la eliminación de microcontaminantes como un área llena de incertidumbres: «Es un ámbito en el que todavía carecemos de experiencias prolongadas a escala industrial. A pesar de existir algunas plantas en operación, no han estado funcionando un tiempo suficiente como para conocer los costes operativos y los problemas que pueden surgir para alcanzar y medir las exigencias que plantea la directiva». Pedro Simón apunta a la inteligencia artificial y la innovación tecnológica como claves para optimizar costes operativos, lamentando la falta de estímulo a la investigación en la normativa.
Con relación a ello, la nueva directiva aborda la carga de contaminación adicional proveniente en especial de productos farmacéuticos y cosméticos, aplicando el principio de ‘quien contamina paga’ a través de la implementación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), procedimiento que genera todavía más incertidumbre. Este cambio trae consigo retos, especialmente en su aplicación dentro de la diversidad territorial española. Víctor Arqued subraya este desafío aludiendo a la posible fragmentación: «Es probable que la implementación recaiga en las comunidades autónomas, lo que podría resultar en diecisiete sistemas de RAP diferentes». Juan Ángel Conca resalta la necesidad de un enfoque colaborativo entre distintos niveles de gobierno para facilitar la adaptación municipal y supramunicipal, expresando preocupaciones sobre la viabilidad de asociar la RAP únicamente con el consumo y la capacidad de depuración, advirtiendo que: «La implementación de la RAP debe repercutir también en la modernización de infraestructuras, el control de vertidos y la depuración en poblaciones de menor tamaño».
¿Por qué es necesaria esta renovación de la Directiva 91/271/cee y qué se espera de ella?
Alejandro Maceira, director de iAgua.
“La nueva normativa hace falta y la cumpliremos porque sabemos cómo hacerlo. Pero tiene unos costes y pararecuperar esos costes necesitaremos que muchas cosas cambien”
Pedro Simón, director técnico de ESAMUR.
“La trasposición de la directiva nos permitirá concretar y mejorar, encajar lo nuevo y optimizar lo existente, especialmente en zonas donde aún estamos fallando”
Víctor M. Arqued Esquía, de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
“La nueva directiva es necesaria, es exigente y se cumplirá, porque la antigua directiva era necesaria, era exigente y en gran medida se ha cumplido”
Juan Ángel Conca Pardo, director gerente de EGEVASA.
“Aunque nunca alcancemos la meta final, cada zancada como la que propone esta directiva es crucial”
Miguel Ángel Gálvez, subdirector de Depuración y Medio Ambiente de Canal de Isabel II
“Nuestro sector, tanto público como privado, está altamente cualificado y preparado para abordar los requerimientos de esta directiva”
Marc Ponsoda Mauri, gerente de Desarrollo de ofertas O&M de Tratamiento de Aguas de ACCIONA
Sobre este tema, Pedro Simón y Miguel Ángel Gálvez enfatizan la necesidad de abordar la contaminación desde su origen: «Deberíamos incentivar a la industria a mejorar la biodegradabilidad de sus productos, evitando así tratamientos intensivos al final de la tubería que consumen vastos recursos», dice el primero y el representante de Canal de Isabell II complementa: «Es fundamental cortar la contaminación de raíz. Confiamos demasiado en las depuradoras para resolver todos los problemas, pero si no atendemos el origen, los costos aumentarán inevitablemente». Por su parte, Marc Ponsoda expresa su preocupación por la adaptabilidad y el futuro de las infraestructuras, señalando: «Con la RAP basada en indicadores, la constante reformulación de productos podría volver obsoletas nuestras instalaciones antes incluso de que se completen, obligándonos a actualizar los indicadores o a redistribuir los costos».
La visión del nuevo horizonte: por qué hay que hacerlo
En esta última parte del diálogo, los participantes comparten sus reflexiones finales, contemplando el horizonte que dibuja la nueva directiva con un sentimiento compartido de optimismo y mesura.
Esta renovación normativa no solo es una respuesta a las fisuras y desafíos presentes en el tratamiento de las aguas residuales urbanas, sino también una proyección hacia el futuro, en línea con las ambiciones sostenibles de Europa. Víctor Arqued reconoce que es una gran oportunidad para España: «La trasposición de la directiva nos permitirá concretar y mejorar, encajar lo nuevo y optimizar lo existente, especialmente en zonas donde aún estamos fallando», dice. Además, asegura que la anterior directiva cumplió su función y que esta cumple, a su vez, con la transición necesaria hacia la circularidad y la neutralidad energética que exige el Pacto Verde Europeo. Juan Ángel Conca coincide: «La nueva directiva es necesaria, es exigente y se cumplirá, porque la antigua directiva era necesaria, era exigente y en gran medida se ha cumplido», dice con convicción. También ve esta revisión no solo como una exigencia, sino como una oportunidad para redefinir cómo se percibe el agua residual: «Es fundamental para dejar de contemplar la depuración como una actividad rechazable. Ya no somos productores de agua residual, producimos ‘agua nueva’».
Y en este cambio de percepción, la comunicación emerge como un elemento clave para hacer que el mensaje llegue a la sociedad: «Debemos hacer entender a la sociedad que el agua es un recurso finito y esencial, y que preservarlo justifica la inversión necesaria para mantenerlo en condiciones óptimas para las generaciones futuras», alude de nuevo Pedro Simón a la tan necesaria recuperación de costes y la concienciación a la ciudadanía. «La nueva normativa hace falta y la cumpliremos porque realmente sabemos cómo hacerlo. El tema es que tiene unos costes y para recuperar esos costes necesitaremos que muchas cosas cambien, entre ellas, que los ciudadanos sean conscientes de la necesidad de pagarlos», continúa. Debido a esta y a otras paredes que alisar, Miguel Ángel Gálvez reflexiona sobre la naturaleza inalcanzable de las metas ambientales, pero viendo la directiva como un paso significativo hacia objetivos cada vez más ambiciosos. «Aunque nunca alcancemos la meta final, cada zancada como la que propone esta directiva es crucial», afirma.
Los arquitectos de esta nueva directiva han delineado un proyecto para construir un sistema que no solo saneé nuestras aguas, sino que también preserve la salud de nuestros ecosistemas y comunidades. La transparencia, la planificación de inversiones y el acceso equitativo al saneamiento son los pilares que sostendrán la estructura de esta nueva era en la gestión y el tratamiento del agua. Y aunque el camino por delante esté lleno de desafíos, la colaboración, la innovación y el compromiso colectivo serán las claves. «A pesar de las incertidumbres que aún puedan existir, nuestro sector, tanto público como privado, está altamente cualificado y preparado para abordar los requerimientos de esta directiva», concluye Marc Ponsoda. La visión del nuevo horizonte es clara y, ahora, el trabajo comienza para hacerla realidad.