El Derecho al Agua y al Saneamiento es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas desde 2010 - de hecho desde hace unas semanas son dos derechos diferenciados - y todos los gobiernos tienen la obligación de protegerlo y promoverlo. Por supuesto todos se declaran comprometidos con estas tareas, aunque su grado de cumplimiento sea muy variable. Uno de los mejores signos para valorar el nivel de compromiso es el nivel y la calidad de la información disponible sobre la situación del Derecho: sin datos fiables y sistematizados sobre sus vulneraciones y los factores que lo condicionan resulta díficil avanzar hacia su protección.
Aunque tanto los gobiernos como las instituciones internacionales disponen de indicadores y estadísticas sobre el acceso al agua y al saneamiento, estos no siempre ponen el foco en todas las dimensiones del derecho ni, sobretodo, en los sectores más vulnerables de la población. El diablo suele estar en los detalles, y ejercer el Derecho al Agua y al Saneamiento es mucho más que tener acceso físico a agua o disponer de una letrina y, con frecuencia, parte del problema y de la injusticia de la situación queda fuera de la fotografía oficial. Lo que no se mide no existe, y completar este cuadro, prestando especial atención a la gente más vulnerable, es imprescindible para avanzar hacia el ejercicio universal del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
En Nicaragua, como en muchos otros países, los datos oficiales agregados de acceso a agua y saneamiento no muestran las vulneraciones de este derecho que tienen que ver con aspectos como la calidad, la disponibilidad real o el precio. Estos problemas se concentran además en las zonas rurales del país, en las que viven 2,7 millones de personas. ONGAWA ha liderado una investigación nacional para conocer la situación del Derecho al Agua y al Saneamiento en las zonas rurales de Nicaragua, completando la información oficial disponible y visibilizando los retos asociados a los colectivos más vulnerables. El estudio ha incluido a 2.400 hogares de 200 comunidades rurales del país y 239 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) de 20 municipios.
Entre los resultados de la investigación, recogidos en un informe ya disponible en línea, destacan los siguientes:
- Hay una gran distancia entre la
cobertura de infraestructuras (puntos de agua, tecnologías de
saneamiento, etcétera) y el ejercicio real del Derecho. A pesar de que
la cobertura de saneamiento es del 78%, en el 80% de las comunidades
rurales estudiadas existe fecalismo al aire libre. Y aunque el 80% de
las familias tiene acceso a una fuente mejorada de agua, más de la mitad
de las familias consumen menos de 50 litros al día y más de un tercio
sufren cortes y estacionalidad en el servicio. - El impacto de la falta de acceso adecuado a agua y saneamiento sobre
otros derechos es muy alto: El 62% de los centros educativos no dispone
de ninguna instalación para el lavado de manos y en casi la mitad de
los centros de salud el servicio de agua no es continuo. - Se detectan importantes debilidades en los órganos comunitarios de
gestión del agua y el saneamiento: el 60% de los CAPS no tiene capacidad
para dar servicio a toda la comunidad y en más de la mitad de los casos
hay problemas de pago por parte de los usuarios.
La metodología desarrollada incluye 118 indicadores que recogen las diferentes dimensiones del Derecho al Agua y al Saneamiento, y constituye una herramienta pionera para la aplicación del Enfoque de Derechos al seguimiento y el diagnóstico. De hecho, la iniciativa ha sido incluida por la Relatora de Naciones Unidas para el Agua y el Saneamiento en su Catálogo de Buenas Prácticas y se ha compartido en diversos foros internacionales, como la Semana del Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Semana Mundial del Agua de Estocolmo.
El 2º Informe sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en Nicaragua fue presentado en Managua el pasado 9 de octubre , y continua el esfuerzo realizado por universidades y organizaciones españolas y nicaragüenses en la elaboración del 1º Informe en el año 2010. En la investigación y elaboración del informe hemos contado con la colaboración de La Cuculmeca, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Barcelona, y con el apoyo de la Cooperación Española y de FANCA.
